Según datos de la Defensoría, son 35 servidores públicos y 42 candidatos los que han sido víctimas de intimidaciones de los grupos armados, en 14 de los 32 departamentos de Colombia

El defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para garantizar que alcaldes, concejales, gobernadores, diputados, personeros y quienes aspiran a un cargo en las elecciones regionales del 29 de octubre no sigan corriendo peligro.

Según datos de la Defensoría, son 35 servidores públicos y 42 candidatos los que han sido víctimas de intimidaciones de los grupos armados, en 14 de los 32 departamentos de Colombia: Caquetá, Norte de Santander, Chocó, Nariño, Putumayo, Bolívar, Arauca, Cauca, Guaviare, Huila, Tolima, Meta, Antioquia y Valle del Cauca.

“Le hemos solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para que sean protegidos los derechos a la vida, integridad personal y políticos de alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y personeros, así como de candidatas y candidatos a las elecciones regionales, que serán celebradas en octubre de este año”, indicó Camargo.

Estas medidas cautelares solicitadas “tienen carácter extremo, urgente y prioritario, dada la inminente amenaza en la que se encuentran servidores públicos y participantes en la contienda democrática”, añadió el defensor.

La solicitud se da “por el contexto actual que vive el país, sobre todo, por la vulneración de derechos humanos que enfrentan no solo servidores públicos, sino las comunidades en las distintas regiones de la geografía nacional”, alertó la Defensoría en un comunicado este viernes.

Amenazas a autoridades locales

Hay 26 alcaldes amenazados y despachando afuera de sus municipios: los de Cartagena del Chairá (Caquetá), San José del Palmar, Bagadó, Río Iró, Sipí y Lloró (Chocó), Tibú y La Playa de Belén (Norte de Santander), Magüí Payán, Roberto Payán, La Tola y Francisco Pizarro (Nariño), Santa Rosa del Sur (Bolívar), Mercaderes (Cauca) y Puerto Guzmán (Putumayo).

También los de San Vicente del Caguán y Solano (Caquetá), Saravena y Tame (Arauca), Norosí, San Pablo, Morales, Montecristo, Cantagallo y Rioviejo (Bolívar) y Medio Baudó (Chocó).

Tres gobernadores -Tolima, Guaviare y Meta- están amenazados, una situación en la que también están un personero, cuatro concejales y un diputado de la Asamblea Departamental del Caquetá.

Por otro lado, la Defensoría informó que son 42 candidatos que compiten para ocupar cargos públicos los que han sido amenazadas y víctimas de atentados en sus campañas. Aspirantes a concejos, alcaldías, asambleas departamentales, juntas administradoras locales y gobernaciones han sido intimidados por grupos armados ilegales.

La situación más crítica se vive en Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Guaviare, Arauca, Huila y Bolívar.