En el documento, que consta de 31 puntos o lineamientos, la Fiscalía subraya que debe ser el Estado el garante de la protesta ¿Cómo se tratarán los disturbios?
La fiscal general Luz Adriana Camargo firmó recientemente una directiva de ese despacho en la que ordena “reconocer, garantizar y proteger el derecho a la protesta social pacífica en el país”.
En el documento, que consta de 31 puntos o lineamientos, la Fiscalía subraya que debe ser el Estado el garante de la protesta. A renglón, la normativa también planea hojas de ruta para los casos que deban ser investigados en caso de que el derecho a la protesta social se vea alterada.
¿Qué puntos trata la directiva?
Descriminalización de la protesta
“Las situaciones de alteración del orden público pueden llevar a situaciones caóticas, en las que si bien se cometen actos delictivos, estos responden a los ánimos exacerbados y no a una determinación criminal.“, subraya el documento.
Por otro lado, el documento recuerda que la Corte Constitucional ha reconocido que la protesta “conlleva necesariamente a alguna forma de alteración al orden público dada su “naturaleza disruptiva”, escenarios que no serán objeto de criminalización“.
De otro lado, en el texto se advierte que “la Corte Suprema de Justicia ha indicado que, en los casos en que se presentan grandes aglomeraciones, por regla general, la fuerza pública no podrá hacer uso de mecanismos para disolver la protesta pacifica”.
“La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. en sede de tutela, explicó que “no todo acto desafiante constituye violencia y, en esa medida, tal conducta está bajo amparo el derecho a la protesta. Además: si la misma se enmarca en eje terreno, ello no faculta a la fuerza pública a actuar desmedidamente ni tampoco a causar lesiones ni a realizar arrestas sin el pleno del cumplimiento de los lineamientos legales. Menos a hacer uso indiscriminado de aquellas que aún siendo catalogadas como “menos letales”, tienen la capacidad de lacerar e incluso, causar efectos fatales por manipulación inadecuadade los artefactos de dotación asignados para el servicio, pues en últimas se trata de un objeto peligroso.“, faculta.
Trato con la fuerza pública ¿Cómo se interpretará?
La directriz establece que “están amparados ciertos actos contra las autoridades públicas, como lenguaje verbal fuerte, expresiones vehementes de inconformidad. gestión o producción de imágenes desobligantes“. Es decir, si un manifestante es violento con la Policía, por alguna de estas expresiones, serán los fiscales quienes deben evaluar una “eventual legítima defensa”.
“O si la violencia fue cometida por un grupo reducido de personas luego de la dispersión de la mayoría manifestante, es posible que esta no guarde relación con la protesta ocurrida momentos antes, entre otras”, aclara.
La Policía constató al llegar al lugar que había catorce personas fallecidas en uno de los pabellones, así como catorce más heridas y un número indeterminado de fugados.
Al menos catorce personas fallecieron y otras tantas resultaron heridas en un enfrentamiento en una cárcel de la provincia de El Oro, fronteriza con Perú, según información preliminar de la Policía.
El hecho violento ocurrió alrededor de las 02:00 hora local de este lunes (07:00 GMT) y, según vídeos difundidos en redes sociales, se registraron dos fuertes explosiones y varios disparos.
La Policía constató al llegar al lugar que había catorce personas fallecidas en uno de los pabellones, así como catorce más heridas y un número indeterminado de fugados.
El episodio que encendió las alarmas en la región ocurrió entre el viernes 19 y el domingo 21 de septiembre, cuando las tropas fueron rodeadas por civiles en veredas como Los Sauces y Las Acacias, impidiéndoles avanzar.
Tras los hechos ocurridos el pasado fin de semana, en los que 74 militares fueron retenidos durante más de 40 horas por pobladores presuntamente manipulados por disidencias de las FARC, el Ejército Nacional confirmó que mantendrá su presencia en el municipio de La Plata, Huila. Así lo aseguró el coronel Henry Herrera, comandante de la Novena Brigada, en entrevista con Mañanas Blu.
“Nuestra intención es proteger a la población civil, evitar que esta estructura criminal los siga humillando, maltratando o asesinando”, señaló el oficial, al confirmar que las tropas se encuentran en la vereda Gallego, desde donde mantendrán operaciones para contener la presencia de grupos armados ilegales.
Secuestro de 74 militares y manipulación de la población civil
El episodio que encendió las alarmas en la región ocurrió entre el viernes 19 y el domingo 21 de septiembre, cuando las tropas fueron rodeadas por civiles en veredas como Los Sauces y Las Acacias, impidiéndoles avanzar. Herrera calificó la situación como una asonada organizada por disidencias de las FARC, que instrumentalizaron a la población bajo amenazas.
“Estos criminales constriñen a la población civil y los obligan, so pena de multas, homicidios o desplazamientos, a salir a impedir el avance de las tropas”, explicó el coronel. Finalmente, tras casi dos días, los militares lograron reagruparse en Gallego con apoyo de refuerzos, mientras la comunidad regresaba a sus hogares.
Disidencias del Bloque Central Isaías Pardo y el corredor hacia el Cauca
El oficial detalló que en esta zona operan estructuras del Bloque Central Isaías Pardo, entre ellas la facción Hernando González Acosta, la cual sufrió fuertes golpes militares en diciembre de 2024, con 16 neutralizaciones y la recuperación de cuatro menores de edad. No obstante, la cercanía con el Cauca ha facilitado la movilidad y repliegue de estos grupos.
“Ellos se repliegan hacia el Cauca, donde reclutan más jóvenes, se entrenan y regresan al área rural de La Plata”, advirtió Herrera. Además, señaló que las limitaciones en la distribución de jurisdicciones militares y la compleja situación de orden público en el Cauca dificultan el control en las zonas limítrofes.
Aunque el secuestro de los militares ya fue superado, el clima de tensión se mantiene. El oficial confirmó que la población civil sigue siendo la principal víctima de las disidencias.
En lo corrido de 2025, se han registrado 21 homicidios en 13 eventos violentos: 14 de ellos contra civiles que no aceptaron las exigencias de los grupos, y otros siete contra desertores o familiares de exintegrantes de estas facciones. “No podemos permitir que se repitan hechos como el secuestro de una mujer en septiembre, condenada además a destierro”, recalcó Herrera.
La incertidumbre también afecta a la educación: tras la asonada, las clases presenciales fueron suspendidas en algunas veredas del municipio.
Narcotráfico y control territorial
El comandante de la Novena Brigada indicó que, aunque en Huila no hay cultivos de coca, las disidencias usan viviendas abandonadas como centros de planeación de ataques y secuestros. También controlan corredores de movilidad de marihuana procedente del Cauca.
“En este año hemos incautado 30 toneladas de marihuana que venía del Cauca. Solo en una operación interceptamos 8.8 toneladas”, informó Herrera, subrayando que estos golpes afectan las finanzas de los grupos ilegales.
Ejército mantendrá presencia en La Plata
La asonada en La Plata no es un hecho aislado. En lo que va del 2025, ya se han presentado cinco asonadas en este municipio y cerca de 60 en todo el país, como estrategia de las disidencias para debilitar la institucionalidad en las regiones.
Herrera insistió en que la permanencia militar es indispensable: “Sin seguridad no va a llegar el progreso, sin seguridad no va a llegar la gobernabilidad”.
Finalmente, el comandante exaltó la labor de sus hombres: “El 80 % de los soldados son hijos de campesinos. Nuestro único propósito es proteger a la población civil y evitar que la juventud quede esclavizada a merced de estos grupos armados”.
El viaje de los congresistas de EEUU coincide con la muerte este lunes del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, quien estaba hospitalizado desde hace dos meses tras ser víctima de un atentado.
Una delegación de congresistas de Estados Unidos, encabezada por el senador republicano Bernie Moreno, viajará esta semana a Colombia para reunirse con su presidente Gustavo Petro y otros políticos de varios partidos, con miras a fortalecer las relaciones bilaterales.
Durante las reuniones abordarán los temas del crimen organizado, el clima de negocios y la creciente influencia de China en el país, de acuerdo con un comunicado del senador demócrata Rubén Gallego, que será parte de la comitiva.
El senador Moreno, electo por Ohio, nació en Colombia y la madre de Gallego es colombiana y son los primeros legisladores colombo-estadounidenses.
El viaje de los congresistas de EE.UU. coincide con la muerte este lunes del senador y aspirante presidencial opositor Miguel Uribe Turbay, quien estaba hospitalizado desde hace dos meses tras ser víctima de un atentado.
«Miguel Uribe representó lo mejor de Colombia. Que descanse en paz, que su espíritu guíe a Colombia hacia el futuro y que esta terrible situación despierte un sentimiento de reconciliación y dirección para los colombianos», indicó Moreno en su página de X uniéndose a las muchas voces que hoy lamentaron la muerte del colombiano.
Por su parte, Gallego, que representa a Arizona en el Senado federal, también lamentó la muerte del político. «Mis condolencias están con los seres queridos de Miguel Uribe. La violencia no tiene cabida en la política: debemos rechazar el extremismo y proteger la democracia y el futuro de Colombia», indicó.
De acuerdo con el comunicado, Gallego llegará este jueves a la ciudad colombiana de Cartagena para las reuniones con congresistas colombianos de varios partidos y luego harán lo mismo con alcaldes y líderes empresariales.
El viernes, los senadores viajarán a Bogotá para reunirse con el presidente Petro y participar en una conferencia de prensa del Consejo Atlántico. El senador Gallego no se reunirá con el expresidente Álvaro Uribe, quien cumple una pena de prisión domiciliaria tras ser condenado en primera instancia a doce años por fraude procesal y soborno en actuación penal, destacó en su comunicado.
Moreno no ha publicado detalles de su viaje.
El viaje de los legisladores estadounidenses fue anunciado el pasado marzo por el presidente del Congreso colombiano, Efraín Cepeda, tras un viaje a Washington.