El presidente de la Justicia Especial para la Paz, Eduardo Cifuentes, le advirtió al presidente Iván Duque que no es su competencia “instruir a la JEP sobre cómo debe sancionar a los imputados de las FARC”.
El mensaje se da a propósito de los recientes llamados que ha hecho el presidente Duque para que los castigos de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad sean proporcionales a los delitos que cometieron en el marco del conflicto armado.
El magistrado Cifuentes agregó “las sanciones que en su momento impondrá autónomamente la JEP, son las que consagra la Constitución y la Ley. Si no fuera así no habría Estado de Derecho”.
Recientemente, el presidente Duque ha venido insistiendo en que el país no encontrará paz si no “se imparte justicia” frente a quienes cometieron delitos graves y de lesa humanidad, porque eso genera sentimientos negativos entre las víctimas.
El más reciente pronunciamiento del jefe de Estado, en ese sentido, se dio durante el lanzamiento de la exposición de las constituciones de Colombia, en la Casa de Nariño, donde insistió en que la paz sólo se alcanza con justicia.
Es nuestra obligación primigenia proteger la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los ciudadanos. Es nuestro deber la construcción de la justicia y que la paz sin justicia nunca es paz sostenible
Pero ya en otras oportunidades, el presidente ha hecho llamados categóricos a la JEP para que analice bien cuáles deben ser esos castigos.
Durante la instalación del XV Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, el presidente pronunció las siguientes palabras: “Que quienes cometan crímenes de lesa humanidad no solamente tengan sanciones ejemplarizantes y proporcionales, sino que también no estén revestidos de honores”
Ese mismo día el mandatario agregó: “si bien vemos que (La JEP) adelantan imputaciones por el delito de secuestro a quienes ejercieron el mando superior de grupos terroristas, también es importante, y es lo que está a prueba, que esas sanciones sean proporcionales, sean efectivas y no traigan la revictimización de quienes fueron flagelados”.
El presidente ha venido diciendo que la proporcionalidad de las penas es un deber “indeclinable” del país, pero además ha dicho que no puede haber un doble rasero en el que “ciudadanos que cometan delitos, cualquiera, no puedan nunca jamás presentarse a aspirar a ser congresistas y otros ostenten sus curules con condenas por crímenes de lesa humanidad”.