El tribunal ha escuchado a exiliados y adelanta los espacios para quienes sobrevivieron a la cruenta historia que ha dejado miles de víctimas
A propósito de la columna de Alberto Donadío y la polémica generada que señala al expresidente Virgilio Barco de haber tenido responsabilidad en el exterminio de la Unión Patriótica, BLU Radio le cuenta en qué va ese macrocaso en el que la JEP prioriza los hechos cometidos contra el movimiento político en el que miembros de la fuerza pública, terceros civiles y paramilitares, habrían tenido responsabilidad.
De acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz, el macrocaso fue abierto en febrero de 2019, tomando en cuenta informes presentados por la Fiscalía, el Centro Nacional de Memoria Histórica, y la Corporación Reiniciar, además del estudio de sentencias tanto de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte IDH, revelando datos y cifras escandalosas.
Mientras la Fiscalía ha reportado 1.620 víctimas fatales, la Corporación Reiniciar ha identificado 6.613 entre 1984 y 2002, además de un reporte de 2.049 sobrevivientes de amenazas, tentativa de homicidio, tortura, violencia sexual y violación de garantías judiciales, desplazamiento forzado y casos que están registrados como exilio.
Después de los diálogos de paz en Uribe, Meta, entre las Farc y el gobierno de Betancourt, la UP consiguió ser un partido político hacia 1985 que de inmediato logró miles de seguidores y personas afines.
Sin embargo, para una facción eran considerados aún guerrilleros y eran tildados de enemigos por, supuestamente, “querer impulsar el comunismo en Colombia”, pero no pasó mucho tiempo para que sus ideas fueran concebidas como una salida política y racional a los problemas del país y a la forma tradicional de gobierno.
Tampoco pasó mucho tiempo para que iniciara una violencia sistemática contra los seguidores de la U.P., misma que constató la Sala de Reconocimiento de la JEP contra los miembros de ese partido político, y misma constatación de que fueron víctimas de atentados contra su vida, libertad, seguridad e integridad física, sexual, psicológica y otras tantas.
Incluso, la Unidad para la Reparación a las Víctimas tomó como argumento para identificarlos como sujeto colectivo de reparación, así como el mismo Consejo de Estado declaró el daño colectivo explicando que hubo un atentado contra el pluralismo y la democracia con el propósito de deshacer el partido e impedir su participación política.
De acuerdo con la JEP, el informe compartido por la Fiscalía revela avances bien calificados, pero insuficientes, señalando, por ejemplo, la condena de dos agentes del DAS, 18 miembros del Ejército y 10 agentes de la Policía, estas, de 246 sentencias que han sido proferidas.
El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) identificó 6.201: documentó 4.153 víctimas de la UP asesinadas, desaparecidas o secuestradas, en hechos ocurridos entre mayo de 1984 y diciembre de 2002
SEÑALÓ.
Además, cuenta la jurisdicción que, entre ellas, «3.122 fueron víctimas de asesinatos selectivos, 544 lo fueron de desaparición forzada, 478 fueron víctimas de asesinatos en masacres, 4 secuestradas y 3 más en otras modalidades de violencia».
Asimismo, da cuenta que los años donde más se registraron hechos victimizantes, fueron 1988 y 1996, empezando en una creciente en el año 1985, principalmente en el Magdalena Medio, el Urabá, el Meta y la Costa Caribe, donde la base campesina y obrera, los militantes del partido tanto dirigentes nacionales o regionales y simpatizantes, eran los perfiles que más recibieron afectaciones.
“La Sala de Reconocimiento le pidió a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que le remita las solicitudes de acogimiento de los exagentes y funcionarios del antiguo DAS y de los miembros de la fuerza pública vinculados con victimizaciones sufridas por miembros de la UP o cuya vinculación con estos hechos se esté investigando, que solicitaron su acogimiento ante la Jurisdicción, con el fin de darle trámite prioritario a dichas solicitudes”, explicó la JEP.
Acciones
En octubre de 2019, junto a la Comisión de la Verdad, la JEP adelantó una serie de jornadas de escucha a víctimas de la Unión Patriótica en el Exilio; 16 informes de sobrevivientes exiliados en Europa, fueron recibidos en Ginebra, Suiza, relatando hechos, conductas y demandas de las víctimas, además de jornadas de escucha en Argentina y Canadá.
De forma reciente, la JEP acreditó al partido político Unión Patriótica como víctima, con el que se les permitirá conocer el expediente del proceso, se han acreditado cuatro víctimas individuales y estudian 50 solicitudes más, mientras avanza en este macrocaso que es de los más recientes, y que busca esclarecer lo sucedido en el marco del conflicto armado interno.
En un hecho que conmociona a la región, un reconocido cantante de música popular perdió la vida en un ataque armado ocurrido durante un evento privado en el municipio de Balboa, Cauca.
Según los primeros reportes, el incidente tuvo lugar en un establecimiento nocturno ubicado en la vía que conecta Balboa con El Estrecho. La víctima, cuya identidad fue confirmada como Dávinson Gaviria, se encontraba participando en una presentación especial en el marco de las celebraciones de fin de año.
Los informes preliminares indican que varios sujetos armados irrumpieron en el lugar mientras el artista terminaba su presentación. Sin mediar palabra, los atacantes dispararon en repetidas ocasiones, dejando al cantante gravemente herido. A pesar de los esfuerzos por buscar ayuda, Gaviria falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.El lamentable suceso ocurrió justo cuando el artista se disponía a abordar su vehículo, momento en el que fue emboscado por los agresores.
Las autoridades ya se encuentran investigando el caso para identificar a los responsables y esclarecer los motivos detrás del ataque. Por ahora, no se descarta ninguna hipótesis, incluyendo posibles disputas locales o intentos de intimidación hacia la comunidad.
La Policía Nacional y el Ejército han intensificado los operativos en la región para garantizar la seguridad y prevenir nuevos hechos de violencia.
La muerte de Dávinson Gaviria se suma a una lista de incidentes violentos que han afectado a artistas y líderes sociales en el Cauca, un departamento marcado por conflictos históricos. Organizaciones sociales y culturales han pedido mayor protección para quienes contribuyen al desarrollo cultural de la región.
Francisco Luis Correa, identificado como uno de los principales organizadores del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, fue hallado sin vida este viernes en su celda en la cárcel La Picota, ubicada en Bogotá.
El suceso genera interrogantes sobre las circunstancias de su muerte y deja en suspenso importantes procesos judiciales relacionados con el caso.
Correa había sido condenado en mayo de 2024 a seis años y medio de prisión tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía General de Colombia. Como parte de este pacto, reconoció su participación en la planificación logística del homicidio ocurrido el 10 de mayo de 2022 en las playas de Barú, Cartagena.
Rol de Correa en el caso Pecci
Según la Fiscalía, Correa jugó un papel fundamental al coordinar diversos aspectos del asesinato, incluyendo la entrega del arma homicida y los recursos económicos necesarios para ejecutar el crimen. Su cooperación permitió a las autoridades identificar a otros presuntos implicados, entre ellos los hermanos Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos, además de Margareth Chacón Zúñiga.
El fiscal Mario Burgos, encargado del caso, destacó que la información proporcionada por Correa fue clave para avanzar en las investigaciones. No obstante, la muerte de Correa deja preguntas sobre el futuro de los procesos judiciales pendientes contra otros acusados.
Marcelo Pecci, fiscal especializado en el combate al crimen organizado y el narcotráfico, fue asesinado mientras disfrutaba de su luna de miel en Cartagena. El caso generó un gran impacto internacional debido a su relevancia como figura en la lucha contra el crimen transnacional.
La esposa de Pecci, la periodista Claudia Aguilera, declaró que dos disparos le quitaron la vida de manera inmediata. Desde entonces, las autoridades colombianas han realizado múltiples capturas y procesos judiciales relacionados con el asesinato.
Hasta el momento, las autoridades penitenciarias no han emitido un informe oficial sobre las causas del fallecimiento de Correa. Se espera que en los próximos días se realice una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido.
De no llegar a un acuerdo entre trabajadores y empleadores, el Gobierno de Petro sería el encargado de decidir el aumento del salario mínimo por decreto: así quedaría para el próximo año.Las negociaciones para definir el aumento del salario mínimo en Colombia para 2025 avanzan lentamente, y aunque las partes siguen dialogando, la posibilidad de que el Gobierno Nacional imponga un aumento por decreto es cada vez más real. Esta situación genera inquietud, especialmente en el gremio sindical, que no ve con buenos ojos que se decida el incremento sin un acuerdo previo entre las partes.El principal punto de desacuerdo radica en las cifras propuestas por las dos partes. Mientras que los trabajadores siguen insistiendo en un aumento del 12%, basado en proyecciones de inflación y crecimiento económico, los empleadores proponen un incremento mucho menor: solo un 5,2%. Esto pondría al salario mínimo de 2025 en 1′367.600 pesos colombianos, una cifra que marcaría el aumento más bajo del actual Gobierno.
Por otro lado, los sindicatos mantienen su propuesta de un incremento de 12%, lo que llevaría el salario mínimo a 1′456.000 pesos, un aumento de 156.000 pesos, más cercano a los incrementos de los últimos años. La diferencia entre las dos propuestas es significativa, lo que hace que las posibilidades de llegar a un acuerdo directo entre las partes sean cada vez más remotas.
Ante este escenario de estancamiento, la ley contempla la opción de que, si no hay consenso, el Gobierno Nacional fije el aumento por decreto. Este es un panorama que no agrada a los sindicatos.
La posibilidad de que el aumento del salario mínimo sea decidido por decreto está tomando fuerza, y con ello, surge la pregunta: ¿cuánto sería el incremento final? Aunque no hay cifras definitivas, expertos como Fernando Quijano, director del diario La República, estiman que el aumento podría oscilar entre el 9% y el 10%. En ese caso, el salario mínimo para 2025 quedaría de la siguiente manera:
Con un incremento del 9%, el salario mínimo sería de 1′417.000 pesos.
Con un incremento del 10%, el salario mínimo alcanzaría 1′430.000 pesos.
En cualquiera de los dos escenarios, el aumento sería inferior al que los sindicatos esperan, pero podría ser superior al que proponen los empleadores. Sin embargo, para muchos, lo preocupante no es tanto la cifra en sí, sino el hecho de que sea el Gobierno quien tenga la última palabra sin un consenso social, algo que podría generar más tensiones entre los trabajadores y los empresarios.