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Procuraduría pide a Ecopetrol aterrizar licitación de transporte con helicópteros

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El Ministerio Público puso la lupa en el caso e hizo varias observaciones por presuntas inconsistencias en el desarrollo.

La contratación de servicios de transporte aéreo por helicóptero para Ecopetrol se ha convertido en foco de atención para la Procuraduría General de la Nación, que observó una serie de inconsistencias en el proceso. Una de las principales objeciones planteadas por el Ministerio Público es la aparente modificación del método de selección empleado, el cual supuestamente no se ajusta al marco normativo de contratación de la empresa estatal.

Cabe que recordar que, precisamente, Ecopetrol cerró la recepción de ofertas para el contrato de transporte aéreo por helicóptero el 2 de julio de 2024, luego de extender el plazo inicial del 27 de mayo. Esta prórroga se implementó para abordar las observaciones recibidas de diversos participantes en el proceso.

El otro punto de controversia radica en los requisitos mínimos exigidos a los posibles contratistas, ya que, durante una reciente visita a Ecopetrol, se detectó que la empresa solicitó tan solo un año de experiencia en operaciones helicoportadas y 1,200 horas de vuelo en las aeronaves ofertadas.

Además, el procurador delegado para la vigilancia de la función pública, Marcio Melgosa, señala que las reglas específicas del proceso de selección no fueron debidamente publicadas en la plataforma del SECOP II, destinada a la transparencia de la contratación estatal. Dicha omisión contraviene principios constitucionales fundamentales, según la Procuraduría.

Por otro lado, el proceso de estructuración de la lista de empresas participantes también ha sido objeto de escrutinio, ya que el Ministerio Público ha expresado sus preocupaciones sobre los mecanismos utilizados para garantizar la idoneidad y experiencia de los contratistas en la prestación del servicio de transporte en helicóptero.

Por estas razones, la Procuraduría le pide a Ecopetrol ajustar el proceso de selección con el fin de salvaguardar la transparencia, el patrimonio público y los estándares de contratación estatal en lo que tiene que ver con la contratación de servicios de transporte en helicópteros.

 

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Ofrecen millonaria recompensa por responsables de atentado a centro comercial en Florencia

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La detonación de un artefacto explosivo de bajo poder en el Centro Comercial Oro Centro de Florencia, Caquetá, en la madrugada de este jueves alertó a las autoridades.

La detonación de un artefacto explosivo de bajo poder en el Centro Comercial Oro Centro de Florencia, Caquetá, en la madrugada de este jueves, 18 de julio, alertó a las autoridades, quienes realizaron un consejo de seguridad para analizar la situación y tomar medidas.

Este viernes, 19 de julio, y por un tiempo prudencial, no podrán transitar motos con parrillero hombre o mujer en Florencia, entre las 11:00 de la noche y las 4:00 de la mañana. Esa es una de las medidas anunciadas por el secretario de Gobierno del municipio, Carlos Mora, al concluir un Consejo Extraordinario de Seguridad.

Asimismo, se ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos ($20.000.000) a quien brinde información efectiva que conduzca a la identificación, investigación y captura de los responsables de este atentado“Denuncien a los delincuentes y acabemos con la red delictiva que está generando zozobra en los florencianos. También invitamos a marcar la línea 165, donde podrán denunciar casos de extorsión”, expresó Carlos Mora, secretario de Gobierno de Florencia.

Otra medida tiene que ver con el fortalecimiento de las caravanas de seguridad; estas no solo se desplegarán en horario nocturno, sino que estarán activas también en la mañana y la tarde, con la participación de diversas instituciones.

 

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Firmantes de paz de Miravalle, amenazados por disidencias, serán trasladados

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El 20 de agosto los firmantes del acuerdo del año 2016 que se encuentran en Miravalle, Caquetá, saldrán del territorio.

Las disidencias de las Farc que se encuentran en proceso de paz y cese al fuego bilateral con el Gobierno amenazaron a los firmantes del acuerdo de paz del año 2016, que se encuentran en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ETCR, de Miravalle, en el Caquetá.

En esa zona, se encuentran 100 personas y anunciaron que debían salir desplazadas por las amenazas.

En las últimas horas, el Gobierno confirmó que el traslado de los excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc se hará el próximo 20 de agosto.

“Los firmantes de paz serán reubicados de manera temporal durante 12 meses en un predio arrendado mientras se logra la compra del predio definitivo por parte de la Agencia Nacional de Tierras cuya adecuación estará en manos de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización” señalan desde la ARN.

 

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Duro comunicado de Jaramillo y De la Calle: «Acuerdo de paz puede naufragar»

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De la Calle y Jaramillo cuestionaron específicamente las iniciativas de establecer un nuevo ‘fast track’ y la creación de un tribunal de cierre.

Humberto de la Calle, senador y exjefe de la Delegación del Gobierno en La Habana, junto con Sergio Jaramillo, exalto Comisionado para la Paz, han emitido un contundente comunicado dirigido al Gobierno nacional, donde expresan su profunda preocupación y rechazo frente a las propuestas recientes del presidente Gustavo Petro que podrían impactar negativamente la implementación del acuerdo de paz.

En una carta pública, De la Calle y Jaramillo cuestionaron específicamente las iniciativas de establecer un nuevo ‘fast track’ y la creación de un tribunal de cierre y califican estas propuestas como equivocadas y señalan que podrían socavar los avances logrados hasta ahora en la consolidación de la paz en Colombia.

Sin embargo, también enfatizan que el Consejo de Seguridad ha respaldado firmemente la implementación decidida del acuerdo de paz y resaltan la necesidad de un esfuerzo colectivo renovado en los próximos años para evitar el riesgo de que el acuerdo naufrague.

«La idea equivocada del presidente de promover un nuevo “tribunal de cierre” después de los enormes esfuerzos que hicieron los tribunales de Justicia y Paz y que ahora está haciendo la JEP. No es solamente un asunto de costos: la idea de un tribunal de cierre que conduzca a un ‘perdón social’ –de facto a una amnistía general encubierta– echaría al traste con todos estos esfuerzos y derrumbaría la seguridad jurídica de quienes hoy están sometidos a la JEP», advierte la carta.

Los exnegociadores del acuerdo de paz hacen un llamado urgente para volver al compromiso original del acuerdo, instando tanto al Gobierno nacional como a la sociedad colombiana y la comunidad internacional a retomar la implementación como un propósito nacional unificado.

«Recordemos que el ‘fast track’ surgió como una garantía en un momento crítico, como fue el proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad de las Farc, que requería su coordinación con una serie de garantías jurídicas. Esa urgencia no subsiste hoy. Tampoco tiene justificación un nuevo ‘fast track’ para temas ajenos al Acuerdo», dicen en la carta.

 

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