El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó el incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro por no cumplir con el nombramiento de los expertos comisionados de la Creg.

El Tribunal resolvió no aceptar el recurso de reposición presentado por la Secretaría Jurídica de la Presidencia, relacionado con el incumplimiento de un fallo judicial que ordenaba el nombramiento de seis expertos en temas energéticos. Esta orden fue emitida el 25 de enero de 2024, y el plazo para cumplirla venció el 27 de junio del mismo año.

La Presidencia argumentó que el Tribunal no tenía competencia para tramitar el incidente de desacato, citando disposiciones constitucionales sobre la inmunidad presidencial. Sin embargo, el Tribunal sostuvo que su competencia se limitaba a garantizar el cumplimiento del fallo, sin afectar el fuero presidencial.

“El presidente de la República, durante el período para el que sea elegido, o quien se halle encargado de la Presidencia, no podrá ser perseguido ni juzgado por delitos, sino en virtud de acusación de la Cámara de Representantes y cuando el Senado haya declarado que hay lugar a formación de causa”, citó el Tribunal en su decisión.

El nombramiento de los comisionados de la Creg generó controversias en los últimos meses. Un ejemplo de ello es la reciente decisión del Consejo de Estado, que anuló el nombramiento de Omar Prias y Antonio Jiménez como miembros de la Creg.

Con la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el incidente de desacato contra el presidente Petro se mantiene firme.

En el documento, que consta de 31 puntos o lineamientos, la Fiscalía subraya que debe ser el Estado el garante de la protesta ¿Cómo se tratarán los disturbios?

La fiscal general Luz Adriana Camargo firmó recientemente una directiva de ese despacho en la que ordena “reconocer, garantizar y proteger el derecho a la protesta social pacífica en el país”.

En el documento, que consta de 31 puntos o lineamientos, la Fiscalía subraya que debe ser el Estado el garante de la protesta. A renglón, la normativa también planea hojas de ruta para los casos que deban ser investigados en caso de que el derecho a la protesta social se vea alterada.

¿Qué puntos trata la directiva?

• Descriminalización de la protesta

“Las situaciones de alteración del orden público pueden llevar a situaciones caóticas, en las que si bien se cometen actos delictivos, estos responden a los ánimos exacerbados y no a una determinación criminal.“, subraya el documento.

Por otro lado, el documento recuerda que la Corte Constitucional ha reconocido que la protesta “conlleva necesariamente a alguna forma de alteración al orden público dada su “naturaleza disruptiva”, escenarios que no serán objeto de criminalización“.

De otro lado, en el texto se advierte que “la Corte Suprema de Justicia ha indicado que, en los casos en que se presentan grandes aglomeraciones, por regla general, la fuerza pública no podrá hacer uso de mecanismos para disolver la protesta pacifica”.

“La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. en sede de tutela, explicó que “no todo acto desafiante constituye violencia y, en esa medida, tal conducta está bajo amparo el derecho a la protesta. Además: si la misma se enmarca en eje terreno, ello no faculta a la fuerza pública a actuar desmedidamente ni tampoco a causar lesiones ni a realizar arrestas sin el pleno del cumplimiento de los lineamientos legales. Menos a hacer uso indiscriminado de aquellas que aún siendo catalogadas como “menos letales”, tienen la capacidad de lacerar e incluso, causar efectos fatales por manipulación inadecuada de los artefactos de dotación asignados para el servicio, pues en últimas se trata de un objeto peligroso.“, faculta.

• Trato con la fuerza pública ¿Cómo se interpretará?

• La directriz establece que “están amparados ciertos actos contra las autoridades públicas, como lenguaje verbal fuerte, expresiones vehementes de inconformidad. gestión o producción de imágenes desobligantes“. Es decir, si un manifestante es violento con la Policía, por alguna de estas expresiones, serán los fiscales quienes deben evaluar una “eventual legítima defensa”. 
  

  “O si la violencia fue cometida por un grupo reducido de personas luego de la dispersión de la mayoría manifestante, es posible que esta no guarde relación con la protesta ocurrida momentos antes, entre otras”, aclara.

Se detalló que entre las víctimas hay siete hombres y cinco mujeres. “Dentro de los hombres se han identificado a varios que harían parte de esa estructura”

Las Fuerzas Militares de Colombia confirmaron este martes el asesinato de 12 personas en una zona rural del departamento del Valle del Cauca (suroeste), al tiempo que aseguraron que la masacre ocurrió por la disputa interna de una disidencia de las Farc relacionada con el manejo del narcotráfico.

El comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, dijo en una rueda de prensa que “hay siete hombres y cinco mujeres asesinados”.

La matanza ocurrió en el sector de Sagrada Familia, que hace parte del municipio de Buenaventura.

El almirante Cubides explicó que el caso se dio como resultado de una “pugna interna” de la estructura ‘Jaime Martínez’, parte del Estado Mayor Central, la mayor disidencia de las FARC, que hace presencia delictiva en la costa del departamento del Valle.

“Se dan unos desacuerdos entre el manejo del narcotráfico, alias ‘Pablo Villa’ ordena asesinar a uno de los hombres, alias ‘Tatín’, que estaba acercándose a negociar la cocaína con el ELN. Eso demuestra la acción sanguinaria de esos individuos, para asesinarse entre ellos”, dijo el alto oficial.

En ese sentido, un comunicado del Frente de Guerra Occidental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) aseguró hoy que no hubo enfrentamientos armados con disidencias de las FARC.

“Lo que realmente ocurrió fue una masacre al interior de las filas de la banda narcoparamilitar y Jaime Martínez de las extintas FARC-EP en un ajuste de cuentas donde ellos mismos asesinan al jefe de finanzas de esa agrupación conocido con el alias de ‘Tatín’, algunos de sus hombres y sus compañeras sentimentales”, afirmó el documento.

El almirante Cubides detalló que entre las víctimas hay siete hombres y cinco mujeres. “Dentro de los hombres se han identificado a varios que harían parte de esa estructura”.

“Conocemos que uniformados de la Estación de Policía de López del Micay que llegaron al sitio encontraron a las víctimas vestidas de civil y sin armamento y claras evidencias de que fueron asesinadas a sangre fría”, añadió.

Por su lado, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, indicó que la información de la que se dispone, con certeza, es que se produjo un enfrentamiento entre miembros de la estructura.

“Todas las víctimas son miembros de la misma estructura”, dijo Velázquez.

Por su lado, la alcaldesa de Buenaventura, Ligia del Carmen Córdoba Martínez, informó el lunes que desde que se conoció la información de los lugareños al lugar viajaron organismos defensores de los derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de facilitar el traslado de los cadáveres al casco urbano para su identificación y posterior sepultura.